¿Porque Busti necesita ser Gobernador?
- Más 177 millones de razones...
Fuente SEPRIN: http://www.seprin.com/menu/notas6017.htm
Noviembre 05 de 2003 1400 hs




El ex gobernador Jorge Busti, de entre Ríos y candidato del PJ a gobernador , apoyado por el presidente , tiene 177 millones de pesos , denunciados en causas judiciales , en su contra, estas incluyen desde la compra de un tomógrafo destruido a un médico, le alquiló la vivienda a un amigo para guardarlo, que aún hoy sigue abonado la gobernación , sobre precios en la compra de inmuebles, condonación de la deuda Millonaria de "Gualtieri" llamado el Yabrán de Duhalde , falsificación de documentos y adulteración , para quedarse con ATN en obras inexistentes, ATN de puerto Ibycuy, etc. Así como una lista muy larga de ex funcionarios de su Administración o administración fraudulenta podríamos decir ... :


Aquí mostramos las Causas y su correspondiente denuncia .


Haga click en las imagenes para ampliar













Notas :


Pruebas al canto: el fiscal de Investigaciones Administrativas de Entre Ríos, Oscar Rovira, denunció ante la Justicia unos 200 hechos de presunta corrupción por un monto estimado en 180 millones de dólares, que habrían sido cometidos durante la presidencia de Carlos Menem y la gobernación del justicialista Jorge Busti. Para el fiscal Rovira, "Paraná está conformada sobre la base de una estructura de tipo mafioso", y "el justicialismo y el radicalismo están de acuerdo en mantener un sistema de connivencia para seguir repartiéndose el poder; y con el poder, la impunidad".( La voz del Interior)

A raíz de estas denuncias , y de denuncias del Fiscalía de Investigaciones Administrativas , comenzó una causa y si se quiere persecución contra el Fiscal Oscar Rovira, afín de debilitar la tarea de investigación del Fiscal.
Nos preguntamos ,¿ el presidente Kirchner , por qué lo apoya sabiendo esto?

NOTAS DE PRENSA RELACIONADAS :

http://www.tribunalesdecuentas.org.ar

16-04-2002

El resultado de una larga disputa por los espacios de poder
Hay sospechas sobre toda la dirigencia

· El fiscal de Investigaciones denunció 200 hechos de corrupción en la gestión Busti
· En la Legislatura también habrá sospechosos
· Montiel tiene preparada su defensa


PARANA.- La sesión prevista hoy en la Cámara de Diputados de la provincia es clave para el futuro político de esta provincia, pero la realidad es tan compleja y la historia reciente de cada facción pesa tanto que -según algunos observadores- no habrá paz, cualquiera que sea la decisión de los legisladores.


Oficialistas y opositores se preparan para lanzar acusaciones sobre las dos cámaras, y cada cual sobre la que resulte adversa a sus intereses. Todo es producto de un estado de sospecha sobre la dirigencia de los tres poderes, por una mala fama que esa misma dirigencia cultivó a lo largo de dos décadas.


El fiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia, Oscar Rovira, dijo que el gobernador Sergio Montiel lo defraudó, y que no merecía mantener un diálogo con él. Antes había hecho caer un ministro provincial con sus investigaciones.
Ese mismo fiscal presentó a la Justicia unos 200 hechos de presunta corrupción que involucran irregularidades por 180 millones de dólares, principalmente durante los gobiernos de Carlos Menen en el país y de Jorge Busti en la provincia.
Con semejantes adversarios enfrente, Rovira es quien más investiga aquí y quien más enemigos cosechó, y por eso fue acorralado por los mismos dirigentes que denunció: radicales y peronistas.


¿Qué piensa ese fiscal? Que "Paraná está conformada sobre la base de una estructura de tipo mafioso" y que "el radicalismo y el justicialismo están de acuerdo en mantener un sistema de connivencia para seguir repartiéndose el poder, y con el poder, la impunidad".


La expresión de Rovira parece aproximarse a lo que se ve. Durante la gestión justicialista se nombraron jueces justicialistas y durante la radical, radicales. Con escasas excepciones. Eso se reconoce en los tres poderes porque a los jueces los propone el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Frente a los fallos, siempre habrá entonces quien los acuse y les recuerde su extracción partidaria.
En la Legislatura pasará lo mismo. Hay legisladores como Mónica Torres y Marcelo Maidana, montielistas, que votarán en favor de su jefe político, para no iniciar el juicio. Antes legislaron junto a sus pares del justicialismo para impedir que la Fiscalía de Investigaciones examinara los números de esa Cámara.
Los mismos oficialistas apoyaron algunas de las leyes que llevaron al pedido de juicio político (bonos, renta vitalicia para jueces, etcétera).
Sospechas aquí y allá
En el otro bando, muy probablemente levantará la mano para suspender a Montiel el ex vicegobernador justicialista Héctor Alanis, denunciado en la Justicia por presuntas irregularidades por 22 millones de pesos cuyo destino no fue registrado.
También lo haría Orlando Engelman y otros de sus pares denunciados en un sonado caso por 25.000 cajas de alimento falsas (sin contar otro similar), en el que no fueron absueltos ni condenados porque la causa prescribió.
Sergio Uribarri será otro de los que acompañaría un pedido de destitución. Está acusado de reparto indiscriminado de subsidios y uso irregular de fondos que debían destinarse al deporte, en una causa avanzada, además de ser apuntado por testigos que recibieron, según sus denuncias, amenazas de muerte para callarse.


La mayoría de los expedientes que avanzan a paso lento o están estancados en la Justicia surgieron de investigaciones de periodistas muy reconocidos en el medio local.


Esto sin contar que varios de los actuales legisladores reelectos (algunos llevan ya 4 períodos en sus bancas), son los mismos que recortaron facultades al Tribunal de Cuentas de la provincia cuando éste los involucró en un fraude.
En el Senado sí se dejó entrar a la Fiscalía de Investigaciones a sus cuentas. Pero algunos de los "jueces circunstanciales" están denunciados por severas irregularidades en la contratación de una obra que comprometió al Estado por un monto superior a los 30 millones de pesos en el Puerto Ibicuy, una investigación que involucra principalmente al senador menemista y ex presidente del Instituto Portuario, Abelardo Pacayut.
Daniel Tirso Fiorotto


La defensa de Montiel
Aportes salariales: la omisión de remesas de aportes salariales al Iosper, la obra social provincial, es atribuida a dificultades financieras producto de la crisis nacional y del endeudamiento existente en la provincia en el momento en que asumió Montiel. Además, se argumenta que como las deudas de la provincia se encuentran garantizadas con los fondos de coparticipación, el descuento automático que hacía el Banco Nación le impedía a Entre Ríos disponer de dinero para cubrir sus erogaciones.
ATN a los municipios: el gobernador niega que existan deudas entre el Estado provincial y los municipios en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Asimismo, Montiel afirma que no sólo ha enviado las remesas correspondientes, sino que en algunos casos ha entregado adelantos de la coparticipación.
Represión policial: la defensa señala que ninguno de las muertes del 20 de diciembre se produjo por la represión policial, que los resultados de ese día no han sido consecuencia del accionar policial y que, por otra parte, el accionar de los uniformados ha sido desempeñado dentro del marco legal.
Emisión de bonos: Montiel argumenta que la autorización para emitir bonos para cubrir gastos corrientes corrió por cuenta de la Legislatura, y no del Poder Ejecutivo. La defensa argumenta además que el bono "Federal" está definido como deuda pública, por lo que la emisión del mismo no entra en la prohibición de la constitución provincial.


http://www.lanacion.com.ar/02/04/16/dp_389122.asp

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El ataque a la FIA revela la intolerancia de la corporación política
al control de sus actos

Integrantes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)
repudiamos los ataques sistemáticos que se realizan desde diversos
sectores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial contra el Fiscal
General Oscar Rovira con el fin de debilitar la tarea del organismo
de control.
El embate contra el responsable del organismo expresa la intolerancia
de algunos de los actores políticos a que sus gestiones sean
controladas y puesto en evidencia su accionar cuando se apartan de
los carriles legales.

Los tres años de trabajo en la FIA nos ha permitido conocer algunas
de las características estructurales de la corrupción en la
provincia. Peor aún, nos ha mostrado el desprecio que políticos de
distintos partidos tienen por la gente y por el sistema democrático.
Y la manera en que estas conductas han contribuido al descrédito y
frustración de la sociedad y a deslegitimar las instituciones del
Estado.
Las más de 70 denuncias penales por presuntos ilícitos contra la
Administración Pública en la provincia permite conocer que más de 140
millones de pesos destinados a planes de viviendas sociales;
construcción de escuelas; comedores comunitarios; obras públicas como
Puerto Ibicuy o equipamiento hospitalario, no llegaron a sus
destinatarios o llegaron mal porque funcionarios políticos de uno y
otro partido se beneficiaron irregularmente.
En lo que resulta un espejo de lo que es la estructura del Poder en
la Argentina, en vez de estar hablando del desarrollo que estos
presuntos hechos de corrupción tienen en la Justicia; el eje ha
pasado a concentrarse en las denuncias que casi diariamente realizan
los denunciados de todos los colores contra el Fiscal anticorrupción
Oscar Rovira.
Así entendemos la denuncia del Fiscal de Estado Sergio Avero porque
el Fiscal anticorrupción optó hace tres años por continuar
percibiendo su jubilación como único haber.
La misma postura opuesta al accionar de la FIA exhibe el Presidente
de la Cámara de Diputados Julio Rodríguez Signes. Entre otros
aspectos el legislador se molesta porque un Dictamen de la FIA
considera ilícito que disponga de casi medio millón de pesos
mensuales en efectivo para pagar a contratados.
El ex gobernador Jorge Busti, que debería explicar a la justicia qué
pasó con los casi 80 millones de pesos que se desviaron durante su
gestión anterior en presuntos casos de corrupción, pide la inhibición
de bienes de Rovira porque se siente agraviado por denuncias que el
Fiscal efectuó en cumplimiento de su función.
A la vez, denuncia al Fiscal anticorrupción porque mensualmente se le
paga una compensación mensual de 700 pesos por los costos de vivir en
Paraná y trasladarse desde su ciudad natal hacia la capital
provincial teniendo en cuenta que sus únicos ingresos son los
provenientes de su jubilación ordinaria como juez.
Con una premura que sería de desear se observara en las diversas
investigaciones que tienen a su cargo la mayoría de los jueces de
instrucción de la provincia; el juez Héctor Toloy llama a indagatoria
a Rovira por presunto peculado este lunes 27 de octubre.
Este juez, el mismo en cuyo Juzgado prescribió una denuncia en la que
se investigaba la compra irregular en 1990 de más de 25.000 cajas de
alimentos; tiene a su cargo la denuncia que presentó la FIA en
septiembre de 2001 por la desaparición en la Vicegobernación de más
de 20 millones de pesos. Sin embargo, no se conocen avances en la
investigación.
Situaciones similares se repiten en distintos juzgados de Entre Ríos
en los que se tramitan denuncias de la FIA. A la hora de tener que
investigar actos que involucran a sectores del poder político y
económico, algunos responsables de impartir justicia prefieren
demorar el inicio de la investigación, considerar que el acto está
prescripto, que no hubo "dolo" o archivar rápidamente lo denunciado.
Sabemos que si bien el embate se da contra la persona del Fiscal
Rovira; en realidad la intolerancia es contra cualquiera que denuncie
u obstaculice el accionar deshonesto de algunos sectores vinculados
al poder.
Porque estamos convencidos de que es urgente fortalecer nuestra
sociedad democrática; porque entendemos que la lucha contra la
corrupción es una lucha por la profundización de la democracia;
instamos a quienes aspiran a representarnos, a que asuman la
responsabilidad y grandeza de gobernar con honestidad, capacidad y
sin las reconocidas trampas con la que obtienen injustos beneficios
en detrimento de la mayoría.
Paraná, 24 de octubre de 2003.-
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro@fibertel.com.ar





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